El acuerdo firmado entre los principales sindicatos y el Ministerio de Hacienda en marzo de 2017 para la mejora del empleo público parece que se formaliza. El acuerdo incluía el compromiso de estabilizar las plantillas de cuerpos docentes con el objetivo de reducir el alto porcentaje de interinidad. Era también una demanda de la UE, por lo que el número de plazas convocadas en todas las CCAA está siendo elevado.

Sin embargo, este acuerdo ha suscitado importantes polémicas. El pasado noviembre la Audiencia Nacional dio a conocer que desestimaba el recurso presentado por la Asociación de Interinos y Laborales (ANIL) que solicitaba la nulidad del acuerdo y planteaba alternativas para consolidar la plaza de funcionario de los interinos de larga duración sin pasar por una oposición. La sentencia considera que:

no hay ninguna base jurídica para que al personal interino de larga duración se le exima de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos“.

Ante la realidad de la prueba, por un lado, nos encontramos con que el temario es muy antiguo (1993) y sus contenidos en muchos casos tienen poco que ver con las demandas educativas actuales basadas en un modelo competencial. Por otro lado, dentro del marco de las competencias educativas, una tendencia creciente entre las Comunidades Autónomas, que se han ido copiando unas a otras, ha sido incluir en la prueba práctica supuestos prácticos, del tipo ¿qué métodos utilizarías para explicar estos concepto en un aula de ….?¿cómo diseñarías una experiencia práctica para….? Canarias ha ido más allá y ha implantado un práctico donde se eliminan todo tipo de problemas y ejercicios y solo se valora el conocimiento de la legislación y el diseño de una intervención didáctica conforme a ella.

La convocatoria de las oposiciones de 2020 publicada en el DOGC apunta que Cataluña ha optado por tomar el camino del medio; favoreciendo la estabilización de los interinos y proponiendo pruebas que pondrán el acento más en las competencias prácticas y pedagógicas del profesorado que en su preparación académica.

En primer lugar, se invierte el orden de los exámenes. La primera prueba para los que opositen en Cataluña será la exposición de la programación y la defensa de una unidad didáctica. Claramente salen beneficiados aquellos aspirantes que ya ejercen la docencia, dado que cuentan con más experiencia para defenderse en público.

En la segunda prueba se valoran los conocimientos, siendo el práctico el 70% de la nota y el teórico el 30%. Y aquí se presenta la novedad más importante, porque las cuestiones y ejercicios del práctico “tradicional” quedan reducidas a 1 hora mientras que se destinan 2 horas a resolver un supuesto práctico, similar al de Canarias, que va acompañado de una exposición oral posterior.

Habrá que estar muy atentos al tipo y nivel de las cuestiones y ejercicios que se pide en esa hora del práctico, pues en convocatorias anteriores el nivel de exigencia fue bastante alto, y también seguiremos de cerca el planteamiento del supuesto práctico, así como los criterios de corrección que indiquen los tribunales.

Probablemente este cambio de rumbo sea imitado, más pronto o más tarde, por otras CCAA, siempre que prefieran primar la preparación pedagógica por encima de los conocimientos teóricos.

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